Monday, March 15, 2021
Thursday, December 19, 2019
El Papa elimina el «secreto pontificio» para los casos de abuso sexual
El Papa Francisco, mediante la Instrucción «Sobre la confidencialidad de las causas», ha eliminado el secreto pontificio de las denuncias, los procesos y las decisiones que afectan a los casos de abusos sexuales.
Secreto pontificio no es secreto de confesión
El secreto pontificio es la obligación de guardar reserva sobre ciertos aspectos del gobierno de la Iglesia en los que intervenga la Santa Sede. Viene regulado por la instrucción "Secreta continere" (1974), de Pablo VI.
El secreto pontificio no es de Derecho divino, ni es absoluto, puede dispensarse y puede cambiar por decisión legislativa. Su función es evitar males que podrían derivarse de una publicación descontrolada de materias que pueden afectar a la conciencia, la fama de las personas, la presunción de inocencia, etc., como también guardar la discreción debida en otros asuntos, como las gestiones para la designación de un obispo diocesano.
Las nuevas instrucciones
La instrucción, comunicada hoy martes 17 de diciembre, entrará en vigor en cuanto sea publicada oficialmente en L’Osservatore Romano.
Además, mediante un rescripto, el Papa Francisco también decidió que se considerará delito de pornografía infantil por parte de un clérigo «la adquisición o posesión o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes pornográficas de menores de 18 años». Hasta ahora, se consideraba pornografía infantil la posesión de material pornográfico de menores de 14 años. Esto supone una modificación de las Normas Sustanciales del Motu Proprio «Sacramentorum Sanctitatis Tutela», de San Juan Pablo II, del 30 de abril de 2001», que entrarán en vigor el 1 de enero de 2020.
Con esta modificación también se elimina la obligatoriedad de que el abogado y procurador en los delitos más graves contra la moral o la celebración de los sacramentos tenga que ser un sacerdote.
En la Instrucción se establece que los delitos que no estarán sometidos al secreto pontificio son los citados en el artículo 1 del Motu proprio «Vos estis lux mundi», del 7 de mayo de 2019, y en el artículo 6 de las Normae de gravioribus delictis reservados al juicio de la Congregación para la Doctrina de la Fe, mencionados en el Motu proprio «Sacramentorum Sanctitatis Tutela», de san Juan Pablo II, del 30 de abril de 2001, y sus posteriores modificaciones.
Además, en la Instrucción se concreta que «la exclusión del secreto pontificio también subsiste cuando tales delitos hayan sido cometidos en concomitancia con otros delitos».
La Instrucción también subraya que «la información se tratará de manera que se garantice su seguridad, integridad y confidencialidad» «con el fin de proteger la buena reputación, la imagen y la privacidad de todas las personas involucradas».
Aunque se insiste también en que «el secreto de oficio no obsta para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en cada lugar por la legislación estatal, incluidas las eventuales obligaciones de denuncia, así como dar curso a las resoluciones ejecutivas de las autoridades judiciales civiles».
La Instrucción concluye señalando que «no puede imponerse ningún vínculo de silencio con respecto a los hechos encausados ni al denunciante, ni a la persona que afirma haber sido perjudicada ni a los testigos».
La modificación de las Normas Sustanciales del Motu Proprio «Sacramentorum Sanctitatis Tutela» afecta a los artículos 6, 13 y 14 de dicho texto legislativo.
La redacción del artículo 6 se modifica en el párrafo que define la edad hasta la que se considera pornografía infantil. La nueva redacción define como delito grave contra la moral, cuyo juicio queda reservado a la Congregación para la Doctrina de la Fe «la adquisición o posesión o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes pornográficas de menores de dieciocho años por parte de un clérigo, de cualquier forma y por cualquier medio».
En el artículo 13 se elimina la obligación de que el abogado y procurador sea un sacerdote. El nuevo párrafo queda redactado del siguiente modo: «Funge de abogado y procurador un fiel, doctorado en derecho canónico, aprobado por el presidente del colegio».
Por último, el artículo 14 se sustituye por el siguiente: «En los otros tribunales, sin embargo, para las causas de las que tratan las presentes normas, pueden desempeñar válidamente los oficios de juez, promotor de justicia y notario solamente sacerdotes». Por lo tanto, el patrono queda excluido, a diferencia de la anterior redacción.
Secreto de confesión
Por otra parte, Mons. Juan Ignacio Arrieta, Secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, explicó, en una contribución distribuida por la Oficina de Prensa del Vaticano, que la eliminación del «secreto pontificio» en los casos de delitos de abusos sexuales no supone un menoscabo al secreto de confesión.
«La Instrucción no tiene ningún tipo de colisión con el deber absoluto de observar el sello sacramental, que es una obligación impuesta al sacerdote en razón de la posición que ocupa en la administración del sacramento de la confesión, y de la cual ni siquiera el penitente podría liberarse.
Ni siquiera la Instrucción tiene el deber de estricta reserva adquirida posiblemente fuera de la confesión, dentro de todo el fuero ‘extra sacramental’», señaló.
Además, consideró un detalle importante «el hecho de que el conocimiento de estas acciones criminales ya no esté vinculado al secreto pontificio no significa que la publicidad gratuita sea despejada por quienes la poseen, lo que además de ser inmoral, dañaría el derecho de las personas a la buena fama».
«Esto significa que las personas informadas de la situación o involucradas de alguna manera en la investigación o instrucción del caso deben ‘garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad’ y no compartir información de ningún tipo con terceros, sin relación con la causa. Entre los sujetos involucrados en el proceso, una vez iniciado formalmente, obviamente está el acusado, por lo que la nueva disposición también favorece el derecho adecuado a la defensa».
Asimismo, el Secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Mons. Charles Scicluna, definió la abolición del secreto pontificio en casos de abusos sexuales como una decisión histórica «en el contexto de la institucionalidad jurídica del secreto pontificio». Además, subraya que la eliminación del secretor pontificio en los casos ya citados «llega en el momento justo».
Mons. Scicluna citó algunos de los impedimentos que exitían hasta ahora: «la víctima no tenía la oportunidad de conocer la sentencia que siguió a su denuncia, porque existía el secreto pontificio. También otras comunicaciones eran obstaculizadas, porque el secreto pontificio es un secreto del más alto nivel en el sistema de confidencialidad del Derecho Canónico. Ahora también se facilita la posibilidad de salvaguardar a la comunidad y de decir el resultado de una sentencia».
Secreto pontificio no es secreto de confesión
El secreto pontificio es la obligación de guardar reserva sobre ciertos aspectos del gobierno de la Iglesia en los que intervenga la Santa Sede. Viene regulado por la instrucción "Secreta continere" (1974), de Pablo VI.
El secreto pontificio no es de Derecho divino, ni es absoluto, puede dispensarse y puede cambiar por decisión legislativa. Su función es evitar males que podrían derivarse de una publicación descontrolada de materias que pueden afectar a la conciencia, la fama de las personas, la presunción de inocencia, etc., como también guardar la discreción debida en otros asuntos, como las gestiones para la designación de un obispo diocesano.
Las nuevas instrucciones
La instrucción, comunicada hoy martes 17 de diciembre, entrará en vigor en cuanto sea publicada oficialmente en L’Osservatore Romano.
Además, mediante un rescripto, el Papa Francisco también decidió que se considerará delito de pornografía infantil por parte de un clérigo «la adquisición o posesión o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes pornográficas de menores de 18 años». Hasta ahora, se consideraba pornografía infantil la posesión de material pornográfico de menores de 14 años. Esto supone una modificación de las Normas Sustanciales del Motu Proprio «Sacramentorum Sanctitatis Tutela», de San Juan Pablo II, del 30 de abril de 2001», que entrarán en vigor el 1 de enero de 2020.
Con esta modificación también se elimina la obligatoriedad de que el abogado y procurador en los delitos más graves contra la moral o la celebración de los sacramentos tenga que ser un sacerdote.
En la Instrucción se establece que los delitos que no estarán sometidos al secreto pontificio son los citados en el artículo 1 del Motu proprio «Vos estis lux mundi», del 7 de mayo de 2019, y en el artículo 6 de las Normae de gravioribus delictis reservados al juicio de la Congregación para la Doctrina de la Fe, mencionados en el Motu proprio «Sacramentorum Sanctitatis Tutela», de san Juan Pablo II, del 30 de abril de 2001, y sus posteriores modificaciones.
Además, en la Instrucción se concreta que «la exclusión del secreto pontificio también subsiste cuando tales delitos hayan sido cometidos en concomitancia con otros delitos».
La Instrucción también subraya que «la información se tratará de manera que se garantice su seguridad, integridad y confidencialidad» «con el fin de proteger la buena reputación, la imagen y la privacidad de todas las personas involucradas».
Aunque se insiste también en que «el secreto de oficio no obsta para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en cada lugar por la legislación estatal, incluidas las eventuales obligaciones de denuncia, así como dar curso a las resoluciones ejecutivas de las autoridades judiciales civiles».
La Instrucción concluye señalando que «no puede imponerse ningún vínculo de silencio con respecto a los hechos encausados ni al denunciante, ni a la persona que afirma haber sido perjudicada ni a los testigos».
La modificación de las Normas Sustanciales del Motu Proprio «Sacramentorum Sanctitatis Tutela» afecta a los artículos 6, 13 y 14 de dicho texto legislativo.
La redacción del artículo 6 se modifica en el párrafo que define la edad hasta la que se considera pornografía infantil. La nueva redacción define como delito grave contra la moral, cuyo juicio queda reservado a la Congregación para la Doctrina de la Fe «la adquisición o posesión o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes pornográficas de menores de dieciocho años por parte de un clérigo, de cualquier forma y por cualquier medio».
En el artículo 13 se elimina la obligación de que el abogado y procurador sea un sacerdote. El nuevo párrafo queda redactado del siguiente modo: «Funge de abogado y procurador un fiel, doctorado en derecho canónico, aprobado por el presidente del colegio».
Por último, el artículo 14 se sustituye por el siguiente: «En los otros tribunales, sin embargo, para las causas de las que tratan las presentes normas, pueden desempeñar válidamente los oficios de juez, promotor de justicia y notario solamente sacerdotes». Por lo tanto, el patrono queda excluido, a diferencia de la anterior redacción.
Secreto de confesión
Por otra parte, Mons. Juan Ignacio Arrieta, Secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, explicó, en una contribución distribuida por la Oficina de Prensa del Vaticano, que la eliminación del «secreto pontificio» en los casos de delitos de abusos sexuales no supone un menoscabo al secreto de confesión.
«La Instrucción no tiene ningún tipo de colisión con el deber absoluto de observar el sello sacramental, que es una obligación impuesta al sacerdote en razón de la posición que ocupa en la administración del sacramento de la confesión, y de la cual ni siquiera el penitente podría liberarse.
Ni siquiera la Instrucción tiene el deber de estricta reserva adquirida posiblemente fuera de la confesión, dentro de todo el fuero ‘extra sacramental’», señaló.
Además, consideró un detalle importante «el hecho de que el conocimiento de estas acciones criminales ya no esté vinculado al secreto pontificio no significa que la publicidad gratuita sea despejada por quienes la poseen, lo que además de ser inmoral, dañaría el derecho de las personas a la buena fama».
«Esto significa que las personas informadas de la situación o involucradas de alguna manera en la investigación o instrucción del caso deben ‘garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad’ y no compartir información de ningún tipo con terceros, sin relación con la causa. Entre los sujetos involucrados en el proceso, una vez iniciado formalmente, obviamente está el acusado, por lo que la nueva disposición también favorece el derecho adecuado a la defensa».
Asimismo, el Secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Mons. Charles Scicluna, definió la abolición del secreto pontificio en casos de abusos sexuales como una decisión histórica «en el contexto de la institucionalidad jurídica del secreto pontificio». Además, subraya que la eliminación del secretor pontificio en los casos ya citados «llega en el momento justo».
Mons. Scicluna citó algunos de los impedimentos que exitían hasta ahora: «la víctima no tenía la oportunidad de conocer la sentencia que siguió a su denuncia, porque existía el secreto pontificio. También otras comunicaciones eran obstaculizadas, porque el secreto pontificio es un secreto del más alto nivel en el sistema de confidencialidad del Derecho Canónico. Ahora también se facilita la posibilidad de salvaguardar a la comunidad y de decir el resultado de una sentencia».
¿Qué diferencia hay entre el secreto pontificio y el secreto de confesión?
Para que ningún obispo, conferencia episcopal ni orden religiosa puedan, en adelante, esconder basura debajo de la alfombra, el Papa Francisco abolió este martes el secreto pontifico sobre las investigaciones y procesos por abuso sexual de menores o adultos vulnerables.
La norma ha entrado en vigor este miércoles, al ser promulgada en primera página de « L’Osservatore Romano» con un título rotundo: «Abolido el secreto pontificio en los casos de abusos sexuales».
La confidencialidad se limitará solo a las leyes de protección de la privacidad en cada país. Desaparece también el secreto pontificio respecto a este tipo de delitos en la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Esto significa que las diócesis y órdenes religiosas deben entregar a la justicia todos los documentos que requieran fiscales y jueces. Ya no hay secreto pontificio en esas materias, ni respecto a las autoridades civiles ni respecto a las víctimas, que podrán conocer la situación de sus denuncias y las penas impuestas a los culpables.
Es un paso de gigante hacia la cultura de la transparencia, el sentido cívico y la ayuda a las víctimas. La entrega de documentos a los tribunales civiles que los requieran será una excelente ayuda a la justicia, dejando definitivamente atrás el abuso de ese secreto para obstruir la justicia.
La abolición del secreto pontificio se refiere solo a los documentos sobre abusos sexuales de menores y no toca en absoluto el secreto de confesión, ni siquiera en ese tema.
El «sigilo sacramental» permanecerá inalterable, incluso en países, como Australia, que establecen la denuncia obligatoria. Los confesores se arriesgarán a las penas civiles de una ley contraproducente, pues aleja a los abusadores del arrepentimiento.
¿Dónde sigue en vigor?
La Instrucción de Secreto Pontificio, establecida por Pablo VI en 1974, seguirá aplicándose a los informes sobre candidatos al episcopado o a cargos en el Vaticano que envían las nunciaturas. Y por supuesto a los informes previos al nombramiento de cardenales o de legados pontificios para tareas específicas. El secreto pontificio se mantiene respecto a los informes de esos legados, a excepción de lo que se refiera al abuso de menores.
El secreto pontificio cubre además la parte de los trabajos preparatorios de documentos papales -encíclicas, exhortaciones apostólicas, etc...- a la que se imponga. También son secretos los informes enviados a la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre aspectos doctrinales de libros o enseñanzas de teólogos y profesores en instituciones católicas de alto nivel, lo mismo que en el proceso de examen en Roma, incluidos los dictámenes de terceros.
Por último, queda bajo secreto pontificio todo lo que el Papa, un jefe de departamento de la Curia vaticana o un legado pontificio declare como tal por los motivos que considere convenientes. Muchos son posteriormente desclasificados.
por Juan Vicente Boo
La norma ha entrado en vigor este miércoles, al ser promulgada en primera página de « L’Osservatore Romano» con un título rotundo: «Abolido el secreto pontificio en los casos de abusos sexuales».
La confidencialidad se limitará solo a las leyes de protección de la privacidad en cada país. Desaparece también el secreto pontificio respecto a este tipo de delitos en la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Esto significa que las diócesis y órdenes religiosas deben entregar a la justicia todos los documentos que requieran fiscales y jueces. Ya no hay secreto pontificio en esas materias, ni respecto a las autoridades civiles ni respecto a las víctimas, que podrán conocer la situación de sus denuncias y las penas impuestas a los culpables.
Es un paso de gigante hacia la cultura de la transparencia, el sentido cívico y la ayuda a las víctimas. La entrega de documentos a los tribunales civiles que los requieran será una excelente ayuda a la justicia, dejando definitivamente atrás el abuso de ese secreto para obstruir la justicia.
La abolición del secreto pontificio se refiere solo a los documentos sobre abusos sexuales de menores y no toca en absoluto el secreto de confesión, ni siquiera en ese tema.
El «sigilo sacramental» permanecerá inalterable, incluso en países, como Australia, que establecen la denuncia obligatoria. Los confesores se arriesgarán a las penas civiles de una ley contraproducente, pues aleja a los abusadores del arrepentimiento.
¿Dónde sigue en vigor?
La Instrucción de Secreto Pontificio, establecida por Pablo VI en 1974, seguirá aplicándose a los informes sobre candidatos al episcopado o a cargos en el Vaticano que envían las nunciaturas. Y por supuesto a los informes previos al nombramiento de cardenales o de legados pontificios para tareas específicas. El secreto pontificio se mantiene respecto a los informes de esos legados, a excepción de lo que se refiera al abuso de menores.
El secreto pontificio cubre además la parte de los trabajos preparatorios de documentos papales -encíclicas, exhortaciones apostólicas, etc...- a la que se imponga. También son secretos los informes enviados a la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre aspectos doctrinales de libros o enseñanzas de teólogos y profesores en instituciones católicas de alto nivel, lo mismo que en el proceso de examen en Roma, incluidos los dictámenes de terceros.
Por último, queda bajo secreto pontificio todo lo que el Papa, un jefe de departamento de la Curia vaticana o un legado pontificio declare como tal por los motivos que considere convenientes. Muchos son posteriormente desclasificados.
por Juan Vicente Boo
Thursday, September 13, 2018
Secreto de confesión y abusos sexuales
El Tribunal Supremo del Estado de Louisiana (28 octubre 2016) ha decidido que un sacerdote que recibió en la privacidad de la confesión la confidencia de una penitente menor de edad que había sufrido abusos sexuales no puede calificarse como "denunciante obligatorio" (mandatory reporter) según la ley civil.
Para el Tribunal Supremo: "Cuando un sacerdote, rabino, o ministro debidamente ordenado ha adquirido conocimiento de abuso o negligencia de una persona durante una confesión u otra comunicación sagrada, deberá alentar a esa persona a informar, pero no deberá ser un informante obligatorio de esa confidencia recibida en confesión o comunicación sagrada".
Esta orientación tuitiva del secreto de confesión ha sido ratificada hace apenas unos días por un Tribunal de Florida (15 de junio de 2018) en un caso que enfrentaba al Padre Vicenzo Ronchi contra el Estado de Florida y Loren Tim Burton; el Tribunal entendió que obligar a un sacerdote a revelar en juicio el contenido de una confesión, como prueba adicional y corroborativa del abuso cometido por el penitente, contraviene la ley estatal que protege la libertad religiosa de los ciudadanos.
Años antes, Conan W. Hale, convicto por robo en una penitenciaría de Oregon, solicitó los servicios de un sacerdote católico. La confesión del preso fue grabada a través de sofisticados medios, y se pretendió utilizarla como medio de prueba en un posterior juicio contra Hale por homicidio. La Santa Sede presentó una protesta formal ante el Gobierno de Clinton por esta intromisión en la intimidad y en la libertad religiosa de un ciudadano. La prueba no fue aceptada por los tribunales de Estados Unidos.
En el debate sobre las Reglas de Procedimiento y Prueba del Tribunal Penal Internacional, se desestimó una propuesta encabezada por Canadá y Francia que pretendía no reconocer el derecho de los ministros de culto de abstenerse de declarar en juicio sobre cuestiones conocidas a través del secreto de confesión o de confidencias de sus fieles. De modo que el art. 73, (U. Doc. PCNICC/2000/1/Add.1 (2000)) dispone: "...la Corte Penal Internacional reconocerá el carácter privilegiado de las comunicaciones hechas en el contexto del sacramento de la confesión, cuando ella forme parte de la práctica de esa religión".
Repárese que estos ejemplos de protección de la confidencialidad del penitente se extienden, entre otros, a tres delitos detestables: abusos sexuales a menores, robo con homicidio y terrorismo. La razón probablemente estriba -aparte de consideraciones éticas- en que, en el mundo del derecho, las excepciones a reglas generales no es raro que actúen como una cuña de punta muy fina, pero de amplia base. Si aceptamos fácilmente en materias graves las excepciones, la punta filosa tiende a introducirse más y más, acabando por multiplicar lo excepcional, hasta desgarrar el tejido general de la ley. Piénsese en el caos mediático que seguiría a imponer la obligación de revelar sus fuentes a los titulares de la fiducia mediática.
La reciente aprobación de una ley (7 junio 2018) por la Asamblea Legislativa del Territorio de Canberra (Australia) que obliga a los sacerdotes a romper el secreto de confesión cuando, durante la administración del sacramento, conozcan de algún caso de abuso sexual, pone al rojo vivo los casos mencionados.
La disposición australiana contó con el apoyo de los principales partidos políticos y, en principio, entrará en vigor el 31 de marzo de 2019. La Archidiócesis de Canberra y Goulburn tendrá nueve meses para negociar con el Gobierno el funcionamiento de la nueva normativa.
El propósito de la ley, bajo el nombre de Enmienda Ombudsman 2018, es ampliar el Esquema de Conducta Denunciable (reportable behavior scheme) que rige las denuncias de abuso y mala conducta contra menores de edad, incluyendo también a organizaciones religiosas. Extiende la obligación de informar sobre abusos sexuales a menores a todas las iglesias, incluyendo el sigilo sacramental de la confesión.
El tema es de importancia capital, pues entremezcla escándalos sexuales a menores, ordenamientos confesionales, privacidad en las relaciones entre profesionales de la información y sus fuentes, secretos médicos, confidencialidad legal y un largo etcétera de un horizonte fuertemente tutelado por la protección de las fuentes.
Como una nube radiactiva se han cernido sobre la Iglesia católica los casos de abusos sexuales a menores de edad. Cuando escribo estas letras, el Papa Francisco aparece abochornado y dolido ante los casos irlandés, australiano y estadounidense, por citar los tres más señalados. La ley australiana es, en principio, comprensible, al moverse en el plano de esa ira legal razonable, sin la cual no habría tribunales de justicia ni jueces que la aplicaran.
Pero en materia jurídica, la pasión no debe oscurecer la razón, pues no hay nada más difícil que hablar desapasionadamente de la pasión. De ahí que me permita contrastar en esta materia pasión y razón legal, con el objeto de que a un crimen abominable no se superponga una dudosa solución legal.
Me van a permitir que de los escándalos enunciados me fije ahora en el caso de Pennsylvania. El informe del Gran Jurado -informe, no sentencia- cubre un periodo de unos 70 años (1950-2017) y cita los nombres de 301 sacerdotes contra los que existen "acusaciones creíbles" de abusos sexuales durante su ministerio, de los que habrían sido víctimas al menos 1.000 menores identificados. El informe, que en algún caso se remonta a la Segunda Guerra Mundial, concluye que casi todos los acusados están muertos o han sido expulsados del sacerdocio.
Por ejemplo, en la Diócesis de Harrisburg, se nombran 71 personas: 42 ya han fallecido y cuatro están desaparecidos. La mayoría de los que todavía están vivos ya no están en el ministerio. Según admitió el 14 de agosto el fiscal que preside el Gran Jurado de Pennsylvania, y fiscal general, Josh Saphiro: "En casi todos los casos de abuso infantil, los sospechosos son demasiado viejos para ser enjuiciados". Tiene razón. Pero si él lo sabía desde el comienzo, ¿por qué siguió en este callejón sin salida?
En un análisis profundo del caso Pennsylvania, Bill Donohue, sociólogo de la Universidad de Nueva York, llega a la conclusión de que la actuación de Saphiro y de su antecesora en el cargo, Kathleen Kane, fiscal general del estado de Pensilvania -que fue encontrada culpable por nueve cargos entre los que figuran perjurio, conspiración criminal, filtrar información sobre un gran jurado y luego mentir sobre ello, en un esfuerzo por desacreditar a un rival político-, fue movida por una corriente de animadversión soterrada hacia la Iglesia católica. De ahí la publicación del informe cuando Francisco acometía decididamente problemas de abusos sexuales en Irlanda.
En realidad, el caso Pennsylvania se ha diluido a partir de 2002, cuando la Santa Sede y los obispos USA impusieron enérgicas medidas disuasorias, que han sido muy eficaces. Como ha señalado el director de la Sala de Prensa vaticana en una nota, "la mayor parte del informe se refiere a abusos cometidos antes de los primeros años 2000. No habiendo encontrado apenas casos después de 2002, las conclusiones del Gran Jurado son coherentes con estudios precedentes que muestran cómo las reformas hechas por la Iglesia católica en Estados Unidos han reducido drásticamente la incidencia de los abusos cometidos por el clero".
El caso australiano comienza también a decaer en su virulencia. Una Comisión Real en Australia realizó en 2017 un sólido informe sobre el problema de abusos a menores entre todo tipo de instituciones. Según este informe, en el periodo 1950 a 2010 hubo acusaciones de abusos contra el 7% de todos los sacerdotes australianos. Si se mide por décadas, los sacerdotes diocesanos acusados fueron el 2,9% en los años 50, el 4,5% en los 60, el 4% en los 70, para caer al 0,2% en los 2000.
Esos datos no parecen justificar la drástica medida de eliminar el secreto de confesión en los supuestos de abusos sexuales a menores. Sobre todo si se piensa en lo insólito de la medida en el contexto del derecho comparado. No se olvide que en el Derecho de la Iglesia el sigilo sacramental es inviolable (canon 983, Código de Derecho Canónico). A su vez, el confesor que viola directamente el secreto de la confesión incurre en excomunión automática (c. 1388). Esta rigurosa protección del sigilo sacramental implica también la incapacidad de ser testigo en relación con lo que conoce por confesión sacramental, aunque el penitente le releve del secreto "y le pida que lo manifieste" (cánones 1548 y 1550).
Ciertamente , en la discutible medida legal australiana está en juego la primera de las libertades, que es la religiosa.
Autor: Rafael Navarro-Valls
Publicado en El Mundo.
Para el Tribunal Supremo: "Cuando un sacerdote, rabino, o ministro debidamente ordenado ha adquirido conocimiento de abuso o negligencia de una persona durante una confesión u otra comunicación sagrada, deberá alentar a esa persona a informar, pero no deberá ser un informante obligatorio de esa confidencia recibida en confesión o comunicación sagrada".
Esta orientación tuitiva del secreto de confesión ha sido ratificada hace apenas unos días por un Tribunal de Florida (15 de junio de 2018) en un caso que enfrentaba al Padre Vicenzo Ronchi contra el Estado de Florida y Loren Tim Burton; el Tribunal entendió que obligar a un sacerdote a revelar en juicio el contenido de una confesión, como prueba adicional y corroborativa del abuso cometido por el penitente, contraviene la ley estatal que protege la libertad religiosa de los ciudadanos.
Años antes, Conan W. Hale, convicto por robo en una penitenciaría de Oregon, solicitó los servicios de un sacerdote católico. La confesión del preso fue grabada a través de sofisticados medios, y se pretendió utilizarla como medio de prueba en un posterior juicio contra Hale por homicidio. La Santa Sede presentó una protesta formal ante el Gobierno de Clinton por esta intromisión en la intimidad y en la libertad religiosa de un ciudadano. La prueba no fue aceptada por los tribunales de Estados Unidos.
En el debate sobre las Reglas de Procedimiento y Prueba del Tribunal Penal Internacional, se desestimó una propuesta encabezada por Canadá y Francia que pretendía no reconocer el derecho de los ministros de culto de abstenerse de declarar en juicio sobre cuestiones conocidas a través del secreto de confesión o de confidencias de sus fieles. De modo que el art. 73, (U. Doc. PCNICC/2000/1/Add.1 (2000)) dispone: "...la Corte Penal Internacional reconocerá el carácter privilegiado de las comunicaciones hechas en el contexto del sacramento de la confesión, cuando ella forme parte de la práctica de esa religión".
Repárese que estos ejemplos de protección de la confidencialidad del penitente se extienden, entre otros, a tres delitos detestables: abusos sexuales a menores, robo con homicidio y terrorismo. La razón probablemente estriba -aparte de consideraciones éticas- en que, en el mundo del derecho, las excepciones a reglas generales no es raro que actúen como una cuña de punta muy fina, pero de amplia base. Si aceptamos fácilmente en materias graves las excepciones, la punta filosa tiende a introducirse más y más, acabando por multiplicar lo excepcional, hasta desgarrar el tejido general de la ley. Piénsese en el caos mediático que seguiría a imponer la obligación de revelar sus fuentes a los titulares de la fiducia mediática.
La reciente aprobación de una ley (7 junio 2018) por la Asamblea Legislativa del Territorio de Canberra (Australia) que obliga a los sacerdotes a romper el secreto de confesión cuando, durante la administración del sacramento, conozcan de algún caso de abuso sexual, pone al rojo vivo los casos mencionados.
La disposición australiana contó con el apoyo de los principales partidos políticos y, en principio, entrará en vigor el 31 de marzo de 2019. La Archidiócesis de Canberra y Goulburn tendrá nueve meses para negociar con el Gobierno el funcionamiento de la nueva normativa.
El propósito de la ley, bajo el nombre de Enmienda Ombudsman 2018, es ampliar el Esquema de Conducta Denunciable (reportable behavior scheme) que rige las denuncias de abuso y mala conducta contra menores de edad, incluyendo también a organizaciones religiosas. Extiende la obligación de informar sobre abusos sexuales a menores a todas las iglesias, incluyendo el sigilo sacramental de la confesión.
El tema es de importancia capital, pues entremezcla escándalos sexuales a menores, ordenamientos confesionales, privacidad en las relaciones entre profesionales de la información y sus fuentes, secretos médicos, confidencialidad legal y un largo etcétera de un horizonte fuertemente tutelado por la protección de las fuentes.
Como una nube radiactiva se han cernido sobre la Iglesia católica los casos de abusos sexuales a menores de edad. Cuando escribo estas letras, el Papa Francisco aparece abochornado y dolido ante los casos irlandés, australiano y estadounidense, por citar los tres más señalados. La ley australiana es, en principio, comprensible, al moverse en el plano de esa ira legal razonable, sin la cual no habría tribunales de justicia ni jueces que la aplicaran.
Pero en materia jurídica, la pasión no debe oscurecer la razón, pues no hay nada más difícil que hablar desapasionadamente de la pasión. De ahí que me permita contrastar en esta materia pasión y razón legal, con el objeto de que a un crimen abominable no se superponga una dudosa solución legal.
Me van a permitir que de los escándalos enunciados me fije ahora en el caso de Pennsylvania. El informe del Gran Jurado -informe, no sentencia- cubre un periodo de unos 70 años (1950-2017) y cita los nombres de 301 sacerdotes contra los que existen "acusaciones creíbles" de abusos sexuales durante su ministerio, de los que habrían sido víctimas al menos 1.000 menores identificados. El informe, que en algún caso se remonta a la Segunda Guerra Mundial, concluye que casi todos los acusados están muertos o han sido expulsados del sacerdocio.
Por ejemplo, en la Diócesis de Harrisburg, se nombran 71 personas: 42 ya han fallecido y cuatro están desaparecidos. La mayoría de los que todavía están vivos ya no están en el ministerio. Según admitió el 14 de agosto el fiscal que preside el Gran Jurado de Pennsylvania, y fiscal general, Josh Saphiro: "En casi todos los casos de abuso infantil, los sospechosos son demasiado viejos para ser enjuiciados". Tiene razón. Pero si él lo sabía desde el comienzo, ¿por qué siguió en este callejón sin salida?
En un análisis profundo del caso Pennsylvania, Bill Donohue, sociólogo de la Universidad de Nueva York, llega a la conclusión de que la actuación de Saphiro y de su antecesora en el cargo, Kathleen Kane, fiscal general del estado de Pensilvania -que fue encontrada culpable por nueve cargos entre los que figuran perjurio, conspiración criminal, filtrar información sobre un gran jurado y luego mentir sobre ello, en un esfuerzo por desacreditar a un rival político-, fue movida por una corriente de animadversión soterrada hacia la Iglesia católica. De ahí la publicación del informe cuando Francisco acometía decididamente problemas de abusos sexuales en Irlanda.
En realidad, el caso Pennsylvania se ha diluido a partir de 2002, cuando la Santa Sede y los obispos USA impusieron enérgicas medidas disuasorias, que han sido muy eficaces. Como ha señalado el director de la Sala de Prensa vaticana en una nota, "la mayor parte del informe se refiere a abusos cometidos antes de los primeros años 2000. No habiendo encontrado apenas casos después de 2002, las conclusiones del Gran Jurado son coherentes con estudios precedentes que muestran cómo las reformas hechas por la Iglesia católica en Estados Unidos han reducido drásticamente la incidencia de los abusos cometidos por el clero".
El caso australiano comienza también a decaer en su virulencia. Una Comisión Real en Australia realizó en 2017 un sólido informe sobre el problema de abusos a menores entre todo tipo de instituciones. Según este informe, en el periodo 1950 a 2010 hubo acusaciones de abusos contra el 7% de todos los sacerdotes australianos. Si se mide por décadas, los sacerdotes diocesanos acusados fueron el 2,9% en los años 50, el 4,5% en los 60, el 4% en los 70, para caer al 0,2% en los 2000.
Esos datos no parecen justificar la drástica medida de eliminar el secreto de confesión en los supuestos de abusos sexuales a menores. Sobre todo si se piensa en lo insólito de la medida en el contexto del derecho comparado. No se olvide que en el Derecho de la Iglesia el sigilo sacramental es inviolable (canon 983, Código de Derecho Canónico). A su vez, el confesor que viola directamente el secreto de la confesión incurre en excomunión automática (c. 1388). Esta rigurosa protección del sigilo sacramental implica también la incapacidad de ser testigo en relación con lo que conoce por confesión sacramental, aunque el penitente le releve del secreto "y le pida que lo manifieste" (cánones 1548 y 1550).
Ciertamente , en la discutible medida legal australiana está en juego la primera de las libertades, que es la religiosa.
Autor: Rafael Navarro-Valls
Publicado en El Mundo.
Sunday, February 11, 2018
El Papa excomulga a un sacerdote australiano por romper el secreto de confesión
El Papa Francisco ha ordenado la excomunión de un sacerdote en Australia, tras una investigación de dos años en la que se comprobó que el religioso (procedente de Nigeria), había roto el secreto de confesión.
En 2016, la diócesis de Brisbane recibió una serie de denuncias contra el padre Ezinwanne Igbo. En una de esas quejas, se alega que cometió un delito canónico que resultó en la excomunión automática. Esto no era un delito según el Código Penal de Queensland, pero sí en el ordenamiento jurídico eclesiástico, según constata la propia diócesis.
La Santa Sede instó al arzobispado a abrir una investigación, que confirmó la veracidad de las acusaciones por unanimidad. Tras esto, el arzobispo sometió el juicio a la Santa Sede, quien solicitó que la excomunión se hiciera pública.
"Mientras la excomunión permanece vigente -añade la nota-, el P. Ezinwanne no puede ejercer ningún trabajo ministerial durante la celebración de la Misa o cualquier otro culto público". Además, no puede celebrar ni recibir los sacramentos. La excomunión permanecerá en vigor "hasta que el P. Ezinwanne busque y el Papa le conceda la remisión, que es el único que puede otorgarla".
La diócesis concluye pidiendo perdón "a todos los que han sufrido como resultado de lo sucedido", aunque no ha aclarado en qué consistía esa ruptura del secreto de confesión.
En 2016, la diócesis de Brisbane recibió una serie de denuncias contra el padre Ezinwanne Igbo. En una de esas quejas, se alega que cometió un delito canónico que resultó en la excomunión automática. Esto no era un delito según el Código Penal de Queensland, pero sí en el ordenamiento jurídico eclesiástico, según constata la propia diócesis.
La Santa Sede instó al arzobispado a abrir una investigación, que confirmó la veracidad de las acusaciones por unanimidad. Tras esto, el arzobispo sometió el juicio a la Santa Sede, quien solicitó que la excomunión se hiciera pública.
"Mientras la excomunión permanece vigente -añade la nota-, el P. Ezinwanne no puede ejercer ningún trabajo ministerial durante la celebración de la Misa o cualquier otro culto público". Además, no puede celebrar ni recibir los sacramentos. La excomunión permanecerá en vigor "hasta que el P. Ezinwanne busque y el Papa le conceda la remisión, que es el único que puede otorgarla".
La diócesis concluye pidiendo perdón "a todos los que han sufrido como resultado de lo sucedido", aunque no ha aclarado en qué consistía esa ruptura del secreto de confesión.
Monday, January 15, 2018
El Arzobispo de Melbourne defiende el secreto de confesión
El arzobispo de Melbourne (Australia), Mons Denis Hart, ha defendido el secreto de confesión en casos de pederastia, aunque precisa que no absolvería al agresor hasta que acudiera a las autoridades.
Mons. Hart, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos australianos, hizo esas declaraciones tras conocer las recomendaciones de una comisión gubernamental que investigó durante cinco años la respuesta en instituciones públicas y religiosas a los abusos sexuales contra menores.
La Comisión Real ha entregado este viernes su informe final con 189 nuevas recomendaciones, que se suman a las más de 200 que hizo anteriormente sobre los casos de pederastia que se remontan hasta 1920, aunque la mayoría ocurrió a partir de 1950. La Iglesia católica, con fuerte presencia en Australia, es una de las congregaciones religiosas investigadas.
Recomendaciones inaceptables
Entre las recomendaciones está, en lo que supone una increíble intromisión en cuestiones que no atañen a una comisión de ese tipo, el instar al Vaticano a cambiar aspectos de la ley canónica para permitir que el celibato sea voluntario y que se elimine el secreto de confesión en los casos de pederastia.
Mons. Hart comentó a los periodistas que el secreto de la confesión es «inviolable» y que en el caso de estar frente al agresor, él rehusaría darle la absolución hasta que acuda a las autoridades.
El arzobispo de Melbourne reafirmó que él optaría por respetar el secreto a pesar de sentirse «en un terrible conflicto» en caso de escuchar un caso de pederastia porque de lo contrario sería excomulgado.
Mons. Hart comentó que se llevaría las recomendaciones de la comisión al Vaticano al asegurar que la Iglesia católica las ha recibido «con mucha seriedad» y admitió que la institución «le ha fallado históricamente» a los niños.
Mons. Hart, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos australianos, hizo esas declaraciones tras conocer las recomendaciones de una comisión gubernamental que investigó durante cinco años la respuesta en instituciones públicas y religiosas a los abusos sexuales contra menores.
La Comisión Real ha entregado este viernes su informe final con 189 nuevas recomendaciones, que se suman a las más de 200 que hizo anteriormente sobre los casos de pederastia que se remontan hasta 1920, aunque la mayoría ocurrió a partir de 1950. La Iglesia católica, con fuerte presencia en Australia, es una de las congregaciones religiosas investigadas.
Recomendaciones inaceptables
Entre las recomendaciones está, en lo que supone una increíble intromisión en cuestiones que no atañen a una comisión de ese tipo, el instar al Vaticano a cambiar aspectos de la ley canónica para permitir que el celibato sea voluntario y que se elimine el secreto de confesión en los casos de pederastia.
Mons. Hart comentó a los periodistas que el secreto de la confesión es «inviolable» y que en el caso de estar frente al agresor, él rehusaría darle la absolución hasta que acuda a las autoridades.
El arzobispo de Melbourne reafirmó que él optaría por respetar el secreto a pesar de sentirse «en un terrible conflicto» en caso de escuchar un caso de pederastia porque de lo contrario sería excomulgado.
Mons. Hart comentó que se llevaría las recomendaciones de la comisión al Vaticano al asegurar que la Iglesia católica las ha recibido «con mucha seriedad» y admitió que la institución «le ha fallado históricamente» a los niños.
Monday, December 11, 2017
Condenado a la silla eléctrica, se bautizó y halló la paz: hasta sus víctimas lucharon para salvarlo
Billy Moore sabe perfectamente lo que es estar al borde de la muerte durante años y la fuerza sanadora del perdón. Este estadounidense fue condenado a la silla eléctrica tras asaltar una casa para robar y matar a su dueño.
Esperando una ejecución que se iba posponiendo conoció a Dios y se fue convirtiendo. Admitió su culpa y las responsabilidades y se bautizó. Pero lo que no podía imaginar es que tras escribir una carta a la familia de su víctima pidiendo perdón, ésta aceptara sus disculpas y encima luchara para pedir no sólo que no fuera ejecutado sino que fuera puesto en libertad. Moore ha estado invitado en Madrid por la Comunidad de San Egidio para hablar en contra de la pena de muerte y Alfa y Omega ha recabado su testimonio:
La historia de Billy Moore es una historia de perdón y reconciliación. Pero también de providencia. Algo así como la prueba de que de la muerte puede surgir la vida. Sí, aquí en la Tierra. Él lo experimentó así cuando, en 1974, al entrar a robar en una casa para dar de comer a su hija, asesinó a su dueño, el señor Stapleton. Y fue sentenciado a muerte tras confesar su crimen. Moriría, dictó el juez, en la silla eléctrica.
Sin embargo, las fechas se fueron posponiendo paulatinamente y durante ese tiempo, en total 17 años, su vida cambió. Primero fue la carta de una prima, que lo invitaba a aceptar a Jesús. “Pensé que cómo era posible que me hablara de Dios en esos momentos. Yo no quería saber nada. Pero habló con su pastor que, a su vez, contactó con otro en la zona de mi cárcel, y este vino a verme junto a su mujer”, narra Moore a Alfa y Omega.
"Vi el Espíritu en ellos"
Aquel encuentro fue un atisbo de lo que vendría luego. El pastor le dijo que sabía lo que había hecho, que estaba sentenciado a muerte y con una fecha de ejecución en siete días, pero que había un juez justo, Jesús, “que murió por gente como tú y, sobre todo, por los que han matado a alguien”. Billy, que no era religioso, quedó tocado: “Vi el Espíritu en ellos. Habían venido a decirme que Dios me amaba, que podía entregarle mi vida, incluso si había cometido un asesinato” Se bautizó: “Por primera vez en mi vida encontré la paz. Era extraño porque estaba a unos días de ser ejecutado”.
A partir de este momento, comenzó a estudiar la Biblia –creó un grupo en la cárcel– y a formarse en Derecho. Leyendo uno de los informes judiciales encontró los nombres de la mujer e hijas del hombre al que había asesinado y sintió la necesidad de escribirles para pedirles perdón. “No sabía si estaban enfadados o disgustados, pero quería pedirles que me perdonaran y que sentía mucho el dolor que les había causado”, reconoce. Su sorpresa fue cuando llegó la carta de la esposa, diciendo que, como cristiana que era, le perdonaba. “Les dije que lo agradecía, pero que no entendía cómo eran capaces de hacerlo, porque yo no lo haría. La mujer volvió a contestarme diciéndome que lo que ocurría es que no comprendía realmente lo que era el perdón. Así empezó el intercambio de correspondencia”.
Sus víctimas lucharon para que no fuera ejecutado
Este perdón no se quedó en la letra de esas cartas, sino que fue más allá. La propia familia de la víctima, cuando estaban en marcha los últimos trámites para paralizar la ejecución, manifestó públicamente que no solo no querían que Billy muriera, sino que recuperara la libertad. “Dijeron que ya habían tenido suficiente con perder a un miembro de su familia y no querían que les pasara con otro. Ellos no solo me perdonaron, lucharon por mi vida. Cuando cambió mi situación ya no era reo de muerte, me pidieron que fuese la mejor persona posible y que ayudara a otra gente. Y esta es parte de la misión que Dios me ha encomendado y por eso recorro Estados Unidos y todo el mundo para contar mi historia”, explica.
Moore, que atiende a Alfa y Omega en la sede de la Comunidad de San Egidio, quien le ha invitado para participar en la campaña Ciudades por la Vida, recuerda su anterior visita a España, concretamente a Vitoria, porque coincidió con el fallecimiento de la mujer de su víctima: “Me llamó mi mujer, pues la habían llamado la hijas de la señora Stapleton para comunicarles que no sabían cuánto tiempo iba a durar, que se encontraba en coma inducido".
Billy pudo dirigirse a ella por última vez: "Quiero que sepas que para mí eres como la mujer que en el Evangelio ungió los pies de Jesús con perfume mientras los discípulos decían que se estaba malgastando. Eres parte de mi historia y siempre que hablo de ella tú y tu familia sois mencionadas. Serás conocida en todo el mundo, porque no hay historia sin lo que tú y tú familia hicistéis’. Al coger el teléfono, sus hijas me dijeron que no la habían visto tan bien en semanas. Poco después falleció”.
Invitado al entierro de la viuda de su víctima en primera fila
De nuevo en casa, Moore pensó en ir al funeral, pero tenía algunos reparos porque habría allí familia lejana que no le conocía y que, probablemente, no querría verle. Pero fue. Se sentó al final del templo, donde no podría ser reconocido. Solo quería estar presente. Pero las hijas de la señora Stapleton lo vieron y le invitaron a sentarse en los bancos delanteros, con la familia.
La conclusión, sostiene Billy, es que la pena de muerte, la violencia, “no es la solución”. “No ayudamos a los presos a rehabilitarse, lo que hacemos es matarlos, constatar que ese ser humano no vale. También se utiliza como arma electoral, para conseguir votos. Y para mover dinero, porque el Estado de Georgia se gastó 1,5 millones de dólares tratando de matarme. ¿Y si ese dinero se invirtiera en los barrios pobres, en las escuelas, en niños que necesitan ayuda…?”
El futuro está, en su opinión, en los jóvenes, en ayudarles a entender que esta lucha también es suya, “incluso si son demasiado jóvenes y no votan, incluso si en su país no existe la pena de muerte”. “Tienen que tomar parte, porque la violencia y la muerte tienen distintas representaciones. Como cuando discriminamos a los inmigrantes o la forma de relacionarnos con los que no nos caen bien. A construir una cultura que respete la vida se puede empezar ahora”, concluye.
Esperando una ejecución que se iba posponiendo conoció a Dios y se fue convirtiendo. Admitió su culpa y las responsabilidades y se bautizó. Pero lo que no podía imaginar es que tras escribir una carta a la familia de su víctima pidiendo perdón, ésta aceptara sus disculpas y encima luchara para pedir no sólo que no fuera ejecutado sino que fuera puesto en libertad. Moore ha estado invitado en Madrid por la Comunidad de San Egidio para hablar en contra de la pena de muerte y Alfa y Omega ha recabado su testimonio:
La historia de Billy Moore es una historia de perdón y reconciliación. Pero también de providencia. Algo así como la prueba de que de la muerte puede surgir la vida. Sí, aquí en la Tierra. Él lo experimentó así cuando, en 1974, al entrar a robar en una casa para dar de comer a su hija, asesinó a su dueño, el señor Stapleton. Y fue sentenciado a muerte tras confesar su crimen. Moriría, dictó el juez, en la silla eléctrica.
Sin embargo, las fechas se fueron posponiendo paulatinamente y durante ese tiempo, en total 17 años, su vida cambió. Primero fue la carta de una prima, que lo invitaba a aceptar a Jesús. “Pensé que cómo era posible que me hablara de Dios en esos momentos. Yo no quería saber nada. Pero habló con su pastor que, a su vez, contactó con otro en la zona de mi cárcel, y este vino a verme junto a su mujer”, narra Moore a Alfa y Omega.
"Vi el Espíritu en ellos"
Aquel encuentro fue un atisbo de lo que vendría luego. El pastor le dijo que sabía lo que había hecho, que estaba sentenciado a muerte y con una fecha de ejecución en siete días, pero que había un juez justo, Jesús, “que murió por gente como tú y, sobre todo, por los que han matado a alguien”. Billy, que no era religioso, quedó tocado: “Vi el Espíritu en ellos. Habían venido a decirme que Dios me amaba, que podía entregarle mi vida, incluso si había cometido un asesinato” Se bautizó: “Por primera vez en mi vida encontré la paz. Era extraño porque estaba a unos días de ser ejecutado”.
A partir de este momento, comenzó a estudiar la Biblia –creó un grupo en la cárcel– y a formarse en Derecho. Leyendo uno de los informes judiciales encontró los nombres de la mujer e hijas del hombre al que había asesinado y sintió la necesidad de escribirles para pedirles perdón. “No sabía si estaban enfadados o disgustados, pero quería pedirles que me perdonaran y que sentía mucho el dolor que les había causado”, reconoce. Su sorpresa fue cuando llegó la carta de la esposa, diciendo que, como cristiana que era, le perdonaba. “Les dije que lo agradecía, pero que no entendía cómo eran capaces de hacerlo, porque yo no lo haría. La mujer volvió a contestarme diciéndome que lo que ocurría es que no comprendía realmente lo que era el perdón. Así empezó el intercambio de correspondencia”.
Sus víctimas lucharon para que no fuera ejecutado
Este perdón no se quedó en la letra de esas cartas, sino que fue más allá. La propia familia de la víctima, cuando estaban en marcha los últimos trámites para paralizar la ejecución, manifestó públicamente que no solo no querían que Billy muriera, sino que recuperara la libertad. “Dijeron que ya habían tenido suficiente con perder a un miembro de su familia y no querían que les pasara con otro. Ellos no solo me perdonaron, lucharon por mi vida. Cuando cambió mi situación ya no era reo de muerte, me pidieron que fuese la mejor persona posible y que ayudara a otra gente. Y esta es parte de la misión que Dios me ha encomendado y por eso recorro Estados Unidos y todo el mundo para contar mi historia”, explica.
Moore, que atiende a Alfa y Omega en la sede de la Comunidad de San Egidio, quien le ha invitado para participar en la campaña Ciudades por la Vida, recuerda su anterior visita a España, concretamente a Vitoria, porque coincidió con el fallecimiento de la mujer de su víctima: “Me llamó mi mujer, pues la habían llamado la hijas de la señora Stapleton para comunicarles que no sabían cuánto tiempo iba a durar, que se encontraba en coma inducido".
Billy pudo dirigirse a ella por última vez: "Quiero que sepas que para mí eres como la mujer que en el Evangelio ungió los pies de Jesús con perfume mientras los discípulos decían que se estaba malgastando. Eres parte de mi historia y siempre que hablo de ella tú y tu familia sois mencionadas. Serás conocida en todo el mundo, porque no hay historia sin lo que tú y tú familia hicistéis’. Al coger el teléfono, sus hijas me dijeron que no la habían visto tan bien en semanas. Poco después falleció”.
Invitado al entierro de la viuda de su víctima en primera fila
De nuevo en casa, Moore pensó en ir al funeral, pero tenía algunos reparos porque habría allí familia lejana que no le conocía y que, probablemente, no querría verle. Pero fue. Se sentó al final del templo, donde no podría ser reconocido. Solo quería estar presente. Pero las hijas de la señora Stapleton lo vieron y le invitaron a sentarse en los bancos delanteros, con la familia.
La conclusión, sostiene Billy, es que la pena de muerte, la violencia, “no es la solución”. “No ayudamos a los presos a rehabilitarse, lo que hacemos es matarlos, constatar que ese ser humano no vale. También se utiliza como arma electoral, para conseguir votos. Y para mover dinero, porque el Estado de Georgia se gastó 1,5 millones de dólares tratando de matarme. ¿Y si ese dinero se invirtiera en los barrios pobres, en las escuelas, en niños que necesitan ayuda…?”
El futuro está, en su opinión, en los jóvenes, en ayudarles a entender que esta lucha también es suya, “incluso si son demasiado jóvenes y no votan, incluso si en su país no existe la pena de muerte”. “Tienen que tomar parte, porque la violencia y la muerte tienen distintas representaciones. Como cuando discriminamos a los inmigrantes o la forma de relacionarnos con los que no nos caen bien. A construir una cultura que respete la vida se puede empezar ahora”, concluye.
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